La situación de hambre y enfermedad que azota a la población indígena de Chihuahua y que, de acuerdo con Gardea, ha cobrado la vida de más de 50 personas Tarahumaras, pudo haberse evitado.
En 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió al Gobierno mexicano sobre las consecuencias de no aplicar una política de combate a la tala excesiva en la Sierra Tarahumara, sin embargo la política fue la contraría; el abandono del campo y de la producción primaria en manos de los talamontes y caciques locales.
En ese momento la FAO urgió al gobierno mexicano a instrumentar estrategias que apoyaran la descentralización en la toma de decisiones y generar una dinámica de coordinación a favor de la seguridad alimentaria de la población rarámuri.
La única reacción fue que durante el gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Josefina Vázquez Mota, clasificó a la población indígena de la Sierra Tarahumara como municipios de pobreza extrema, aun cuando han estado rodeados de riqueza forestal desde hace más de un siglo.
Bajo este argumento la dependencia armó un paquete de proyectos y programas de desarrollo social para que el gobierno federal canalizara recursos millonarios a la zona Tarahumara a través de la SEDESOL.
Sin embargo, de acuerdo con la edición 125 de la revista La Verdad, los recursos nunca llegaron a manos de la comunidad indígena, incluso asegura que Josefina Vázquez Mota desvió más de 70 millones de pesos “comprobables”, destinados a mitigar la pobreza en la comunidad rarámuri.
De acuerdo con Reveles, las pruebas de este y otros casos de desvío de recursos están contenidas en el libro Las manos sucias del PAN, en dónde también se explica cómo se desviaron 55 millones de pesos destinados a la creación de la vivienda rural durante la gestión de Vázquez Mota.
En tanto, ante la creciente situación de hambruna y el creciente deterioro de los bosques que albergan comunidades rurales de México, como es el caso de la Sierra Tarahumara, el presidente Felipe Calderón, dentro de los planteamientos de Visión México 2030, se planteó reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades, sin embargo, tendrán que pasar treinta años para que los mexicanos puedan exigirle cuentas si no se cumplen con los objetivos del programa.
La hambruna puede extenderse a otras regiones de México
Lo alarmante es que los gobiernos panistas han seguido aplicado a todo el país la misma política equivocada, pues de acuerdo con el último Censo Nacional de Población, en México habitan más de 100 millones de personas, sin embargo, este crecimiento acelerado de la población no corresponde al nivel de producción de alimentos del sector primario mexicano.Los primeros signos de esta situación los vivimos en 2009 con la crisis de granos que derivó en el aumento desmedido del precio de productos de consumo básico como la tortilla, crisis que seguimos padeciendo y que han originado grandes niveles de inflación, el incremento de los precios de la canasta básica y la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos.
Esta crisis se ha derivado, entre otros aspectos, debido a dos factores fundamentales 1) la dependencia del mercado alimentario mundial 2) la pobreza generalizada que da como resultado la degradación de los niveles de vida de la población en la mayor parte del país.
Es por ello que la producción y el acceso a los alimentos debería ser una cuestión central de la política económica y social de cualquier país. Incluso debería ser uno de los elementos fundamentales de la seguridad de una nación, pues existen vínculos entre la seguridad alimentaria, la democracia, los derechos civiles y políticos, porque es parte del entorno necesario para los ciudadanos tengan un mejor nivel de vida.
Así luego de tantas y tantas peticiones fallidas a los funcionarios del gobierno estatal, bastó con una entrevista para el Canal 28 de Chihuahua, para que el gobierno estatal y federal omitieran las “reglas normativas” que durante años obstaculizaron el funcionamiento de los programas sociales y agilizaran la entrega de recursos a las comunidades indígenas de Chihuahua.
Los recursos están llegando, pero ¿quién señalará a los responsables?
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