La situación de hambre y enfermedad que azota a la población indígena de Chihuahua y que, de acuerdo con Gardea, ha cobrado la vida de más de 50 personas Tarahumaras, pudo haberse evitado.
En 1999 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió al Gobierno mexicano sobre las consecuencias de no aplicar una política de combate a la tala excesiva en la Sierra Tarahumara, sin embargo la política fue la contraría; el abandono del campo y de la producción primaria en manos de los talamontes y caciques locales.
En ese momento la FAO urgió al gobierno mexicano a instrumentar estrategias que apoyaran la descentralización en la toma de decisiones y generar una dinámica de coordinación a favor de la seguridad alimentaria de la población rarámuri.
La única reacción fue que durante el gobierno de Vicente Fox, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Josefina Vázquez Mota, clasificó a la población indígena de la Sierra Tarahumara como municipios de pobreza extrema, aun cuando han estado rodeados de riqueza forestal desde hace más de un siglo.
Bajo este argumento la dependencia armó un paquete de proyectos y programas de desarrollo social para que el gobierno federal canalizara recursos millonarios a la zona Tarahumara a través de la SEDESOL.
Sin embargo, de acuerdo con la edición 125 de la revista La Verdad, los recursos nunca llegaron a manos de la comunidad indígena, incluso asegura que Josefina Vázquez Mota desvió más de 70 millones de pesos “comprobables”, destinados a mitigar la pobreza en la comunidad rarámuri.
De acuerdo con Reveles, las pruebas de este y otros casos de desvío de recursos están contenidas en el libro Las manos sucias del PAN, en dónde también se explica cómo se desviaron 55 millones de pesos destinados a la creación de la vivienda rural durante la gestión de Vázquez Mota.
